Son de la ONG santafesina MACAME. Participaron de una audiencia pública para dar un paso más en el proceso de cultivo y no depender del control del Estado.
En 2018, luego de la sanción de la Ley de Cannabis Medicinal, la agrupación Mamás Cannabis Medicinal (MACAME), de Santa Fe, presentó un amparo ante la justicia pidiendo la inconstitucionalidad de ciertos artículos que limitaban la posibilidad del cultivo artesanal y la necesidad de someterse a inscripciones y controles periódicos. Si bien los fallos en las sucesivas instancias no les fueron favorables pudieron apelar y llegar a la Corte Suprema de la Nación que, hace unos días, decidió tratar esta causa en audiencia pública. Así fue que en los últimos días de abril la ONG santafesina llegó ante el máximo tribunal en busca de despenalizar el cultivo en los hogares con fines medicinales. Lo que le solicitan a la Corte es que no exista la necesidad de inscribirse en un registro y renovarlo, como lo exige la ley para poder cultivar en sus propias casas y para uso personal.
“La engorrosa habilitación burocrática y demora para la obtención de permisos para cultivar son grandes obstáculos”, expuso Juan Andrés Pisarello, representante del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Santa Fe. A favor del amparo, afirmó: “Las madres cultivadoras no pueden seguir amenazadas por la ley penal”. Se presentó como “Amigo del Tribunal”, una figura que le permite a la Corte la presentación de argumentos de entidades y personas físicas con reconocimiento en la materia que se trate.
No fueron los únicos en este carácter, también estuvieron el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado y la Asociación Civil Fe y Esperanza Papis Adicciones, que habló en contra del recurso. “Los procesos que realizan las madres no garantizan la eliminación del THC, que es el tóxico y principio psicoactivo de la planta”, afirmó Marcela Susana Wetherich, representante de la ONG, durante su presentación. También expusieron los representantes de la Defensoría General de la Nación (DGN) y del Procurador General de la Nación interino.
“El Procurador entendió que son prohibiciones con reserva de autorización. Y nosotros entendemos todo lo contrario. Hoy contamos con una ley que tiene legalizado el autocultivo, es más, la 27,350 en su artículo 8 dice que el registro es voluntario”, explicó Pablo Ordoñez, de la DGN. Luego fueron oídos por el tribunal los representantes de las partes actora, en este caso el abogado Domingo Rondina y la demandada, a cargo del director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación, Gaspar Tizio, y de la tercera citada, Rubén Weder como fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe. Estos últimos respondieron las preguntas formuladas por los jueces del Máximo Tribunal que aún no dio la fecha en que dará a conocer su resolución.
“Estamos para pedir que estas familias sean ayudadas y no perseguidas por el Estado ni policial ni judicialmente”, afirmó el abogado de MACAME y continuó: “Venimos ante ustedes a pedir un doble objeto. Que se declaren inconstitucionales en relación a las actoras los incisos a), c) y e) del artículo 5 de la ley 23.737, y los párrafos último y penúltimo del mismo artículo, así como el 14 de la misma ley. Es decir, que se declare no punible el cultivo de cannabis cuando tenga fines terapéuticos, sea domiciliario, el preparado casero para uso intrafamiliar, siendo conductas privadas no punibles del artículo 19 no pueden requerir autorización ni inscripciones. También pedimos la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 27.350 en tanto y en cuanto impone para la provisión gratuita del aceite la incorporación a un programa que regula el Ejecutivo”.
Lo que queda es que la Corte Suprema se expida sobre lo planteado por MACAME, pero no hay plazos establecidos, por lo que, tras la presentación, hay que esperar que los jueces decidan.
Periodista. Licenciada en Comunicación Audiovisual.
